Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47[1] de la ley de jurisdicción constitucional y como prueba para mejor proveer, se ordena a la Ministra de Salud que adopte las medidas necesarias y que ejecute las acciones pertinentes a fin de verificar la potabilidad del agua que actualmente es distribuida por el acueducto que administra la municipalidad del Cantón de San Carlos. El resultado de ese estudio debe presentarse a la Sala Constitucional dentro del plazo improrrogable de diez días a partir de la notificación de este auto. Lo anterior bajo apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, que se desprenden por la desobediencia a las órdenes dictadas por este tribunal Constitucional, articulo 71[2] de la ley de la jurisdicción constitucional.
Asi lo dio a conocer el Magistrado Instructor Jorge Araya Garcia[3]
[1] Artículo 47 de la ley de jurisdicción constitucional: Antes de dictar sentencia, para mejor proveer, la sala podrá ordenar la práctica de cualquier otra diligencia.
[2] Artículo 71 de la ley de jurisdicción constitucional: Se impondrá prisión de 3 meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de Habeas Corpus, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
[3] El Licenciado Jorge Araya García fue viceministro de gobernación y policía en el periodo 1994-1998. La ministra de esa cartera fue la actual presidenta de la República de Costa Rica.
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