Potenciar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Judicial, como una vía para mejorar la calidad de la justicia y favorecer el acceso de todos y todas, especialmente de aquellos ciudadanos/as en condición de vulnerabilidad, constituye la demanda que hoy se nos hace a los servidores públicos.
Esta participación en la función pública se entiende como la intervención de la sociedad civil en el ejercicio de las funciones de administración del servicio público y como un medio de expresión e integración de las demandas ciudadanas, un incentivo para lograr una gestión pública eficiente y eficaz, un instrumento de control ciudadano y una herramienta para la satisfacción de necesidades de la población.
Ante este llamado las autoridades judiciales hemos impulsado una Reforma Judicial que ha permeado todos los estamentos. De este modo, para la administración de justicia la promoción de la participación ciudadana implica imprimirles a los procesos de reforma un carácter inclusivo y participativo en beneficio de la institucionalidad democrática y de toda la sociedad costarricense.
Consecuentes con ese pensamiento, el Poder Judicial, desde la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, Conamaj, única entidad costarricense conformada por representantes de los tres poderes de la República, ha liderado un Programa de Promoción de la Participación Ciudadana, que ha tenido su mayor expresión en la implementación de un Proyecto Piloto en la Región Huetar Norte de nuestro país en el 2008. Con este Proyecto Piloto, Conamaj se propuso impulsar un proceso de organización, promoción y educación de la participación ciudadana en el sistema de administración de justicia, propiciando la organización de círculos de diálogo en las comunidades de Ciudad Quesada, Pital, Santa Clara, La Fortuna, Los Chiles, Upala, Guatuso y Comunidad Indígena Maleku. Oportunidades que permitieron el intercambio entre los servidores judiciales de las zonas visitadas y representantes de la sociedad civil organizada.
En este corto tiempo, las autoridades judiciales de la zona han recomendado crear en Upala un juzgado civil, laboral y agrario para evitar el traslado de los usuarios a Ciudad Quesada; solicitar una nueva plaza de juez contravencional que agilice los procesos; estudio de la legislación sobre temas indígenas en respuesta a la Comunidad Maleku; instalación de una Oficina de Trabajo Social y Psicología en respuesta a la solicitud de atención especializada a las víctimas en delitos sexuales, violencia doméstica y asesoría en pensiones alimentarias.
Este proyecto continuará durante el 2009 con la perspectiva de diseñar una política que guíe a este Poder de la República, así como a las otras entidades del sector justicia, en la promoción y consolidación de instancias ciudadanas, política que será validada por las y los ciudadanos/as de la zona.
Sabemos que el camino correcto lo constituyen las consultas a las comunidades que nos garantizan la escucha mutua, el respeto y establecimiento de compromisos en procura de una justicia más accesible y democrática. Asi lo dijo el Magistrado Román Solís Zelaya Presidente de Conamaj.
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