CONDENAN A CINCO AÑOS DE CARCEL A EXDIPUTADO DE SAN CARLOS

El exdiputado de San Carlos Don Rigoberto Abarca Rojas, fue condenado a cinco años de prición 

Ya el señor Abarca había sido condenado en octubre del 2003, a tres años de cárcel por ese mismo delito, pero, La Sala anuló el fallo y  ordenó un nuevo juicio, el cual ratifica ahora la condena, pero por la cantidad de 5 años de cárcel.  Abarca Rojas fue diputado por el Partido Unidad Social Cristiana durante el período de 1998 al 2002.  De acuerdo con la acusación que había presentado el Ministerio Público, Abarca, mientras era legislador, gestionó una partida específica en 1999, dinero con el cual en mayo del 2000, la Asociación Vivienda San Juan compró un terreno en Boca Arenal, San Carlos, el cual había sido vendido 3 meses antes –  enero del 2000–  por una sociedad presidida por el mismo Abarca a Ramón Fernández Artavia, quien en ese momento era su asesor legislativo.  Por estos hechos, el Tribunal de Juicio de San Carlos condenó a Abarca a tres años de prisión y a Fernández a dos años.  El fallo del 2003, había absuelto a Víctor Blandón Hurtado y José Luis Montero Carranza.  El ex diputado Abarca, pretende ser diputado por San Carlos. JUCIO DEL 2003 Wálter Ramírez, quien dirigió la investigación hecha por la Contraloría General de la República sobre las supuestas anomalías en que habría incurrido la Asociación de Vivienda San Juan y el exdiputado, Rigoberto Abarca, dio su versión de los hechos el 22 de setiembre del  2003 en la reanudación del juicio. En criterio del representante de la Contraloría, las investigaciones arrojaron supuestas malas prácticas en la adquisición de una partida específica por ¢50 millones, con el fin de comprar un terreno para fines urbanísticos. Para Ramírez, el terreno no contaba con los requisitos para ser urbanizado, ni tenía servicios públicos como agua, electricidad y camino. El funcionario indicó que el informe no determinó, pero tampoco descartó la posible mediación de Abarca para la obtención del dinero. Según él, por esa situación se envió el caso al Ministerio Público, con el fin de determinar la participación del exlegislador. Tres informes de la Contraloría fueron los que revelaron supuestas irregularidades en la adquisición de ese terreno ubicado en Boca de Arenal, el cual fue adquirido por la Asociación de Vivienda San Juan con dinero gestionado, según la acusación del Ministerio Público, por el exdiputado. La Fiscalía cuestiona el hecho de que el valor del terreno, supuestamente, es mucho menor al que se pagó, ¢45 millones y ¢5 millones destinados a obras de infraestructura. En este caso también figuran como acusados, Víctor Blandón Hurtado por negociaciones incompatibles, falsedad ideológica (falsificar un documento público); Ramón Fernández por negociación incompatible y el ingeniero, José Luis Montero, por falsedad ideológica. DETALLES DEL JUICIO ENERO- FEBRERO 2009  Rigoberto Abarca Rojas fue condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de Vivienda San Juan. También fueron condenados junto a Abarca Rojas a Víctor Blandón Hurtado, expresidente de la Asociación (cinco años de cárcel), y Ramón Fernández Artavia, asesor legislativo de Abarca en ese entonces (tres años de prisión, pero, estará en libertad por un período de prueba de cinco años). Los tres, en forma solidaria, deberán pagar al Estado costarricense ¢87 millones por daños y perjuicios, así como las costas del proceso en la vía civil, fijadas en ¢9 millones. En octubre del 2003, Abarca fue condenado a tres años de cárcel y Fernández a dos años, pero por el delito de negociaciones incompatibles. Sin embargo, la Sala Tercera anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio, El fallo  dejo  absuelto a  José Luis Montero Carranza.  RAZON DE LA SENTENCIA: Abarca, Blandón y Fernández elaboraron un plan para defraudar a la Asociación de Vivienda San Juan y al Estado Costarricense con la venta del terreno. Abarca no solo gestionó la partida para comprar la finca, sino que con la ayuda de Blandón ejerció presión sobre la Asociación para que esta comprara el terreno a Fernández por el que pagó, un sobreprecio de ¢ 39 millones.  El Tribunal de Juicio de San Carlos, presidido por el juez Adolfo Mora, llega a esa conclusión en un  debate que duró tres semanas.  CRÓNICA DE LOS HECHOS El periodista Álvaro Sánchez informó que el plan que se fraguó, consta en la sentencia número 229-2003 del Tribunal Segundo de Alajuela, de manera que Abarca simularía y haría aparecer en el Registro Público que la propiedad era de Fernández, para evitar el impedimento que da la ley a los funcionarios públicos de beneficiarse con dinero del Estado. Según consta en archivos judiciales, el ex legislador envió el 19 de julio de 1999 el oficio AL-RAN 335-99 a la viceministra de la Presidencia de ese entonces, Lorena Vásquez, donde le solicitaba ¢50 millones para una transferencia de fondos, los cuales serían cargados al Presupuesto Nacional del 2000 y a favor de la Asociación de Vivienda San Juan, para comprar un terreno para construcción de viviendas. El 28 de diciembre de ese mismo año, producto de la gestión de Abarca, se publicó la ley 7.952, en el alcance 106 de La Gaceta 252 del Presupuesto Nacional del 2000, donde se incluía el dinero solicitado escasos cinco meses y nueves días antes por el exlegislador. Sin embargo, mediante el alcance 71 publicado en La Gaceta 203 del 24 de octubre del 2000, se modificó la suma que se le entregaría a la Asociación de Vivienda a ¢45 millones para la compra del terreno y ¢5 millones para otras obras.   “En la gestión el encartado Abarca Rojas, le ocultó a la viceministra de la Presidencia, que la compra del terreno para lo cual se destinaría el dinero, era parte de un plan fraudulento para la venta de una parte de la finca de una sociedad mercantil de la familia de Abarca”, aseguró uno de los jueces en la primera sentencia. Esa sociedad, Arbolitos de Oro, cédula jurídica 3-101-189712, está conformada, además de Abarca como apoderado, por su esposa quien funge como secretaria, una de sus hijas como tesorera y otro hijo como fiscal, consta en el Registro Público. De acuerdo con la sentencia, el 12 de setiembre del 2000, 30 mil metros cuadrados de la finca propiedad de la familia de Abarca, fueron inscritos a nombre de su asesor, Fernández Artavia, en un precio de ¢1,5 millones, según consta en el protocolo (carta de compra-venta) del notario público Damas Rodolfo Villalta Rodríguez hecho el 30 de mayo del 2000 y que fue trasladado al Registro Público el 6 de setiembre de ese mismo año. Es decir, eso ocurrió nueve meses y dos días después de que la Asamblea Legislativa aprobara los fondos para que la Asociación de Vivienda San Juan comprara la finca en cuestión. Este notario que hizo la carta de compra-venta “simulada”, dice la sentencia, era de confianza del asesor de Abarca y le ocultaron el hecho de que todo era parte de un plan entre ellos. “Ejecutaron un contrato de compra-venta simulado ya que nunca existió la verdadera voluntad de transmitir la titularidad (dueño) sobre el inmueble (la finca), sino que lo pretendido era hacer variar su titularidad ante el Registro Público”, añade el documento. Los jueces también consideran que Abarca presionó a los miembros de la Junta Directiva de la asociación para que compraran el terreno de su propiedad y, por lo tanto, resultaron engañados, pues desconocían de la situación de la propiedad.   Retiros millonarios Ésta es una secuencia de los retiros millonarios que hizo la Asociación de Vivienda San Juan, para cancelar una finca que apenas valía ¢7,5 millones, a criterio del Ministerio de Hacienda. 4 de octubre del 2000: Víctor Blandón, presidente de la Asociación de Vivienda San Juan, retiró ¢20 millones de una cuenta en la sucursal del Banco de Costa Rica en Ciudad Quesada, como parte de la transferencia de fondos por ¢45 millones. 4 de octubre del 2000: Blandón retiró ¢15 millones más, según consta en los comprobantes de retiro. 4 de octubre del 2000: El presidente de la Asociación le pidió a la tesorera, Julia Salas, abrir una cuenta en el Banco Popular de Ciudad Quesada a nombre de la Asociación, donde depositó los ¢35 millones. 4 de octubre del 2000: Tras depositar ese dinero en la cuenta del Banco Popular, Julia Salas, en compañía de Vilma Díaz, esposa de Abarca, y Marco Tulio Abarca, hermano del diputado, le solicitaron a la tesorera confeccionar dos cheques, uno por ¢30 millones, para ser entregado a Ramón Fernández como pago, y otro por ¢15 millones como garantía, para ser cambiados 22 días después cuando fueran depositados. Los dos cheques fueron girados a la orden de Fernández, de la cuenta corriente que abrieron ese mismo día en el Banco Popular por parte de Blandón y Salas. Ambos cheques fueron entregados a la hija de Abarca, Katherine Abarca. Estos cheques son el número 582127-9 del 4 de octubre Fue cambiado el cheque por ¢30 millones por parte de Ramón Fernández.23 de octubre del 2000:  del 5 de octubre del 2000: El cheque número 582128-5 por ¢15 millones fue endosado a su reverso por Fernández. Sin embargo, no fue hecho efectivo. CASOS CUESTIONADOS A LA UNIDAD SOCIAL CRISTIANA En el 20001 todo el Partido Unidad Social Cristiana era cuestionado por este tipo de casos. Por ejemplo el jefe de la fracción Legislativa del PLN señor Guido Alberto Monge dijo " ...tienen 20 casos de corrupción y ni siquiera su Tribunal de Ética actúa, porque, o están escondiendo los actos, están promoviéndolos o promoviendo la impunidad. Lo que tienen que hacer es buscar bajo sus narices y actuar con voluntad política". El documento presentado por el principal representante de los verdiblancos, hay una serie de acciones que demandan del gobierno respuesta inmediata, “ incluyendo las de Rigoberto Abarca y quisiéramos saber cuál es el criterio de Abel Pacheco y de la Unidad Social Cristiana cuando tienen la corrupción en sus narices y no actúan".  “No se si Rigoberto Abarca es culpable o no, pero me parece que ya es absolutamente necesario que la Unidad Social Cristiana, don Abel Pacheco, y don Miguel Ángel Rodríguez asuman la responsabilidad, que les corresponde”. Entre los casos que la agrupación liberacionista cuestionaba están:   Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El desorden con el manejo de los recursos asignados al Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI. El saqueo de los fondos de la Tesorería Nacional, que asciende a más de los 300 millones de colones. El faltante de 345 pasaportes en Migración, cuyos jerarcas responsables continúan en sus puestos. También se suman a la lista el caso de una de las candidatas a diputada, por San Pablo de Heredia, acusada ante el Ministerio Público por colaborar en un trámite para convertir terrenos de uso público en propiedad de un particular. El crédito por 300 millones para COOPEMONTECILLOS, después de que esta empresa anunciara una deuda pendiente de una de las empresas del expresidente Miguel Angel  Rodríguez. Fuente: Ministerio Público Sentencia número 229-2003 del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. El país. La Nación, Al Día, Radio Santa Clara, departamento de prensa poder judicial y archivo personal.