El prevaricato, que es castigado con de dos a seis años de prisión, está definido en el Código Penal como la emisión por parte de funcionarios públicos de "resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos".
Este lunes la Sala Constitucional acogió para su estudio un recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas contra el decreto que permitía la tala de unas 260 hectáreas en la zona norte del país con el fin de abrir espacio al desarrollo de la mina Crucitas, a cargo de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures.
el decreto fue emitido porque, según la Ley Forestal, no puede cambiarse el uso de suelo de un área boscosa a menos que el proyecto sea declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo.
Unas 260 hectáreas iban a ser taladas para dar paso a la mina, lo que provocaría un severo impacto a especies como el árbol almendro amarillo, que se encuentra en peligro de extinción y que además provee de su principal alimento a la lapa verde, un ave en riesgo de desaparecer.
Por su parte, representantes de la empresa han dicho a medios locales que existe un plan de reforestación en la zona, donde se sembrarán hasta diez veces más los árboles que se talen y que la mina no generará contaminación.
La mina ha recibido todos los permisos del Gobierno para su funcionamiento y pretende extraer 700.000 onzas de oro en diez años.
En junio pasado Nicaragua solicitó, mediante una nota diplomática, la suspensión del proyecto, algo que Costa Rica calificó como "improcedente", por lo que exigió respeto a las decisiones soberanas. Cadena Global/EFE
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